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Las normas portuguesas relativas a los precios de transferencia siguen las recomendaciones de la OCDE, por lo que se encuentran dentro de los estándares de los países desarrollados.

El Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (CIRC, por sus siglas en portugués) establece claramente que en las operaciones comerciales, entre las que se incluyen operaciones o series de operaciones sobre bienes, derechos o servicios, así como en las operaciones financieras efectuadas entre un sujeto pasivo y cualquier otra entidad, sujeta o no a IRC, con la que esté en situación de relaciones especiales, deben ser contratados, aceptados y practicados términos o condiciones sustancialmente idénticos a los que normalmente serían contratados, aceptados y practicados entre entidades independientes en operaciones similares.

 

Este principio es aplicable a:

  • Operaciones vinculadas realizadas entre el sujeto pasivo del IRC o del IRPF y una entidad no residente;
  • Operaciones realizadas entre una entidad no residente y su establecimiento permanente, incluidas las realizadas entre un establecimiento permanente situado en territorio portugués y otros establecimientos permanentes de la misma entidad fuera de este territorio;
  • Operaciones entre una entidad residente y sus establecimientos permanentes situados fuera de Portugal, o entre ellos;
  • Operaciones vinculadas realizadas entre entidades residentes en territorio portugués que sean sujetos pasivos del IRC o del IRPF.

Se considera que existen relaciones especiales entre dos entidades cuando una tiene el poder de ejercer, directa o indirectamente, una influencia significativa en las decisiones de gestión de la otra, algo que se considera demostrado, especialmente, entre:

  1. Una entidad y los titulares del respectivo capital, o los cónyuges, ascendientes y descendientes de estos, que posean, directa o indirectamente, una participación no inferior al 20% del capital o de los derechos de voto;
  2. Entidades en las que los mismos titulares del capital, sus respectivos cónyuges, ascendientes y descendientes posean, directa o indirectamente, una participación no inferior al 20% del capital o de los derechos de voto;
  3. Una entidad y los miembros de sus órganos sociales, o de cualquier otro órgano de administración, dirección, gerencia o supervisión, y sus respectivos cónyuges, ascendientes y descendientes;
  4. Entidades en las que la mayoría de los miembros de los órganos sociales o de los miembros de cualesquiera órganos de administración, dirección, gerencia o fiscalización son las mismas personas o, siendo personas diferentes, estén vinculadas entre sí por matrimonio, unión de hecho legalmente reconocida o parentesco en primera línea;
  5. Entidades vinculadas por contrato de subordinación, de grupo paritario u otro efecto equivalente;
  6. Empresas que se encuentren en relación de control, según la legislación vigente;
  7. Entidades cuya relación jurídica permite, por sus términos y condiciones, que una condicione las decisiones de gestión de la otra, en función de hechos o circunstancias ajenos a la propia relación comercial o profesional;
  8. Una entidad residente o no residente con establecimiento permanente situado en territorio portugués y una entidad sujeta a un régimen fiscal claramente más favorable residente en algún país, territorio o región incluidos en la lista aprobada por orden ministerial del Ministro de Hacienda.

Así, las empresas deben adoptar, para la determinación de los términos y condiciones que serían normalmente acordados, aceptados o realizados entre entidades independientes, el método o métodos que aseguren el más elevado grado de comparabilidad entre las operaciones o series de operaciones realizadas y otras sustancialmente idénticas, en situaciones normales de mercado o de ausencia de relaciones especiales.

 

Los métodos utilizados deben ser:

La determinación del método más adecuado a adoptar en la definición y evaluación de los términos y condiciones de las operaciones entre entidades vinculadas se ajusta a las directrices más recientes de la OCDE, y no se propugna ninguna jerarquía de métodos.

En el caso de una operación vinculada de carácter singular o individual o en ausencia o escasez de información y datos comparables fiables sobre operaciones similares entre entidades independientes, en particular cuando se refieran a derechos reales inmobiliarios, acciones de sociedades no cotizadas, derechos de crédito o intangibles, el contribuyente podrá optar por un método distinto del método del precio de mercado comparable, el método resale-minus, el método cost-plus, el método split-profit o el método del margen neto.

Cuando se aplique otro método, técnica o modelo de valoración económica de activos generalmente aceptado, la elección del contribuyente deberá justificarse debidamente, describiendo el método o técnica elegidos y las razones de su elección.

 

Obligación de Documentación

La Orden Ministerial nº 268/2021, de 26 de noviembre, crea dos modelos distintos de documentación: el modelo estándar y el modelo simplificado.

El modelo estándar incluye un expediente principal y un expediente específico, que deben entregarse juntos, cada uno de los cuales contiene un conjunto de elementos especificados en detalle en sus propios anexos en la Orden nº 268/2021, de 26 de noviembre.

La nueva normativa establece ahora explícitamente que sólo se considerará cumplida la obligación de documentación cuando el expediente documental presentado contenga todos los elementos relevantes relativos a las operaciones vinculadas en las que haya intervenido el contribuyente.

Estarán exentos de presentar esta documentación los contribuyentes que, en el período al que se refiere la obligación, hayan alcanzado una renta total anual inferior a 10.000.000 de euros.

Aunque se supere este límite, dicha exención se aplicará a las operaciones vinculadas cuyo valor en el período no haya excedido, por contraparte, de 100.000 euros y, en su conjunto, de 500.000 euros, considerando el respectivo valor de mercado.

Las exenciones no se aplican a las operaciones vinculadas realizadas con personas físicas o jurídicas residentes fuera del territorio portugués y sujetas allí a un régimen fiscal claramente más favorable, ni cuando se notifique al contribuyente que demuestre que las condiciones practicadas en las operaciones vinculadas se ajustan al principio de plena competencia.

El modelo simplificado se aplicará a los contribuyentes que, no estando controlados por la Unidad de Grandes Contribuyentes y no estando acogidos a las exenciones ya mencionadas en relación con el modelo normal, tengan la consideración de pequeña o mediana empresa. No obstante, la elaboración del expediente simplificado se entiende sin perjuicio de la obligación de facilitar a la Administración Tributaria y Aduanera, siempre que así se le notifique al obligado tributario, toda la información relevante con el fin de acreditar que las condiciones practicadas en las operaciones vinculadas se ajustan al principio de libre competencia.

Los contribuyentes obligados a elaborar el modelo normal o el modelo simplificado de documentación deberán elaborar la documentación dentro del plazo previsto para la presentación de la Declaración Anual de Información Contable y Fiscal ("IES") hasta el día 15 del séptimo mes siguiente al cierre del ejercicio, o el 15 de julio, si el ejercicio fiscal coincide con el año natural, y sólo la presentarán si así lo solicita la AT.

Las empresas están, todavía, obligadas a mantener en buen orden, durante el plazo de 12 años y en establecimiento o instalación situada en territorio portugués, un proceso de documentación fiscal relativo a cada periodo impositivo.

En esta misma documentación, la empresa debe mantener organizada la documentación concerniente a la política adoptada en materia de precios de transferencia, incluyendo las directrices o instrucciones relativas a su aplicación, los contratos y otros actos jurídicos celebrados con entidades que con ella estén en situación de relaciones especiales, con las modificaciones que tengan lugar y con información sobre el respectivo cumplimiento, la documentación e información relativa a dichas entidades, así como a las empresas y a los bienes o servicios usados como término de comparación, los análisis funcionales y financieros y los datos sectoriales, y demás información y elementos que tuvo en cuenta para la determinación de los términos y condiciones normalmente acordados, aceptados o llevados a cabo entre entidades independientes y para la selección del método o métodos utilizados.

De igual modo, las empresas están obligadas a indicar, en su declaración anual de información fiscal y contable, la existencia o inexistencia, en el periodo impositivo al que esta concierne, de operaciones con entidades con las cuales están en situación de relaciones especiales.

Los sujetos pasivos pueden solicitar a la administración fiscal un ruling que tenga por objeto establecer, con carácter previo, el método o métodos susceptibles de asegurar la determinación de los términos y condiciones que serían normalmente acordados, aceptados o llevados a cabo entre entidades independientes en las operaciones comerciales y financieras, incluyendo la prestación de servicios dentro del grupo y los acuerdos de reparto de costes, realizados con entidades con las que estén en situación de relaciones especiales o en operaciones realizadas entre la sede y los establecimientos permanentes.

Tal ruling puede tener carácter bilateral o multilateral en el caso de operaciones con entidades residentes en un país con el que Portugal haya celebrado un convenio para evitar la doble imposición, debiendo para ello el sujeto pasivo solicitar que el ruling se envíe a las correspondientes autoridades competentes dentro del marco del procedimiento amistoso instaurado para tales efectos.

La resolución podrá recaer sobre períodos impositivos respecto de los cuales el sujeto pasivo ya hubiera presentado declaración por el modelo 22, siempre que los hechos y circunstancias relevantes verificados en dichos períodos sean idénticos o similares y, en la fecha de suscripción del acuerdo, no hayan transcurrido más de 2 años desde la finalización del plazo para presentar la declaración.

La administración fiscal puede proceder a correcciones necesarias para la determinación del beneficio imponible debido a relaciones especiales con otro sujeto pasivo del IRC o del IRPF, lo que implica que, en la determinación del beneficio imponible de este último, deben realizarse los ajustes adecuados que sean reflejo de las correcciones realizadas en la determinación del beneficio imponible del primero.

Igualmente, la administración fiscal puede proceder al ajuste correlativo referido en el párrafo anterior cuando ello sea consecuencia de convenios internacionales celebrados por Portugal y en los términos y condiciones previstas en los mismos

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