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Los gerentes o administradores de la sociedad deben observar:

  • Deberes de diligencia, revelando la disponibilidad, competencia técnica y conocimiento de la actividad de la sociedad adecuados a sus funciones y empleando en ese contexto la diligencia de un gestor riguroso y ordenado;
  • Deberes de lealtad, en el interés de la sociedad, atendiendo a los intereses a largo plazo de los socios y ponderando los intereses de los demás sujetos relevantes para la sostenibilidad de la sociedad, tales como sus empleados, clientes y acreedores.

Generalmente, los administradores y gerentes están sometidos a un deber de buena gestión en el ejercicio de sus funciones, lo que incluye un riguroso cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales.

Este deber de buena gestión consiste en tres deberes fundamentales:

1. Deberes de diligencia;
2. Deberes de lealtad;
3. Deberes de información 





 

Responsabilidad civil


Se traduce en el deber de indemnizar por el daño causado por la conducta ilícita, es decir, en incumplimiento de deberes legales o contractuales.

La norma general es que de las deudas o responsabilidades de la sociedad responde solamente el capital social de la sociedad y no sus gerentes, administradores o directores.


Para que el administrador sea responsabilizado de determinado acto, este tiene que haber sido realizado en el ejercicio de sus funciones con incumplimiento de sus deberes.


El gerente puede tener que responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, o de cualquier otro tipo de daños causados por sus actos, cuando se confirme el incumplimiento de normas legales o estatutarias.

 

Frente a la sociedad


Los gerentes o administradores responden ante la sociedad de los daños causados a esta por actos u omisiones practicados con vulneración de sus deberes legales o contractuales, excepto que prueben que procedieron sin culpa.
Los administradores responden así ante la sociedad por:

  • Daños causados por fusión, en caso de que no resulte probada la diligencia de un gestor riguroso y ordenado;

  • Incumplimiento de la obligación de no competencia;

  • Renuncia sin causa justificada;
Incumplimiento de la prohibición de que la sociedad en relación de participación o dominio adquiera nuevas cuotas o acciones de la participada;

  • Adquisición ilícita de acciones propias;
Incumplimiento de los deberes de diligencia de sociedad directora o de sociedad dominante en grupos de sociedades.

 

Frente a los socios y terceros


Se contemplan en esta situación los comportamientos delictivo de los administradores que directamente hayan ocasionado daños a los socios. En los casos de daños directos sufridos por el socio debido a un comportamiento ilícito del administrador, el socio es titular de un derecho propio de acción para constitución de la responsabilidad del administrador y su eventual condena a una indemnización.

Los administradores responderán también de:

  • Incumplimiento del deber de facilitar información;
  • Abuso de información. 

 

Frente a los acreedores sociales


Existe responsabilidad de los administradores respecto de los acreedores de la sociedad cuando, debido a inobservancia culposa de las disposiciones legales o contractuales destinadas a la protección de estos, el patrimonio social sea insuficiente para la satisfacción de los respectivos créditos.


Se exige la práctica de un acto perjudicial, ilícito y culposo. Para que el acto ilícito genere responsabilidad es necesario que el agente haya actuado con culpa. No basta con reconocer que procedió objetivamente mal: es necesario que el incumplimiento ilícito haya sido causado de forma dolosa o con culpa leve. La responsabilidad surgirá si el daño afecta al patrimonio social y lo hace insuficiente para la satisfacción de los créditos de los acreedores de la sociedad.


Las disposiciones legales que se destinan a proteger a los acreedores sociales se articulan esencialmente en las normas del Código de Sociedades Mercantiles que tienen como objeto la función de garantía del capital social.


De hecho, al impedir determinadas asignaciones de bienes a los socios, tanto a nivel de distribución de bienes como de protección del capital en caso de amortización de cuotas, así como la obligatoriedad de una reserva legal, la ley protege, en última instancia, los intereses de los acreedores sociales, al evitar la disminución del patrimonio social. 




 

Responsabilidad de quiebra


Se considera en situación de insolvencia al deudor que se encuentre imposibilitado de cumplir sus obligaciones vencidas.
La insolvencia es culposa cuando la situación ha sido creada o se ha visto agravada como consecuencia de la actuación, punible o con culpa grave, del deudor, o de los administradores, de derecho o de hecho, en los tres años anteriores al inicio del proceso de insolvencia.


La insolvencia se considera culposa cuando los administradores hayan (presunción absoluta):

  • Destruido, dañado, inutilizado, ocultado o hecho desaparecer, en todo o en parte considerable, el patrimonio de la sociedad;
  • Creado o agravado artificialmente pasivos o daños, o reducido beneficios, causando, principalmente, que la sociedad celebre negocios ruinosos en su provecho o en el de personas especialmente relacionadas con ellos;
  • Comprado mercancías a crédito, y las hayan revendido o entregado como pago a un precio sensiblemente inferior al corriente, antes de satisfecha la obligación;
  • Dispuesto de los bienes de la sociedad en provecho personal o de terceros;
  • Ejercido, bajo la personalidad jurídica de la empresa, si fuese el caso, una actividad en provecho personal o de terceros y en detrimento de la empresa;
  • Hecho un uso del crédito o de los bienes de la sociedad contrario al interés de esta, en provecho personal o de terceros, principalmente para favorecer a otra empresa en la que tengan intereses directos o indirectos;
  • Continuado, en su interés personal o de terceros, una explotación deficitaria, a pesar de que supieran o debieran saber que esta conduciría con gran probabilidad a una situación de insolvencia;
  • Incumplido en términos sustanciales la obligación de mantener una contabilidad organizada, hayan mantenido una contabilidad ficticia o una doble contabilidad o hayan cometido irregularidades con perjuicio relevante para la comprensión patrimonial y financiera de la sociedad.

 

También se consideran presunciones relativas de culpa grave, porque manifiestan una elemental falta de diligencia en el cumplimiento de deberes de los administradores, los casos en los que haya habido incumplimiento de:

  • El deber de solicitar la declaración de insolvencia;
  • La obligación de elaborar las cuentas anuales, en el plazo legal, de someterlas a la debida supervisión o de depositarlas en el Registro Mercantil. 


Excepciones al principio de responsabilidad

En los casos en los que el administrador o gerente pruebe que su actuación se rigió por criterios de racionalidad empresarial y libre de cualquier interés personal, no existirá responsabilidad.


De hecho, se dan situaciones en las que las decisiones y/o actos de administración causan daños que se deben únicamente a los riesgos inherentes a la propia naturaleza de la actividad empresarial, a pesar de ser tomadas por administradores diligentes, por lo que deben ser excluidas del ámbito de responsabilización de los administradores.

Así, hay que determinar si:

  • La toma de decisiones estuvo precedida de alguna indagación;
  • La toma de decisiones está libre de cualquier interés personal;
  • Se tomó según criterios de razonabilidad y racionalidad empresarial.

Otras excepciones previstas están relacionadas con actuaciones basadas en acuerdo de los socios, aunque sea anulable, y daños provocados por acuerdos de carácter colegial en las que el agente no haya participado o que haya emitido expresamente un voto discrepante. Aun así, aquel que, pudiendo, no haya ejercido su derecho de oposición otorgado por la ley responderá solidariamente de los daños causados por los actos a los que se podría haber opuesto.




 

Responsabilidad penal y administrativa


Quien actúe como titular de órgano de persona jurídica, en particular de sociedad mercantil, y en el ejercicio de sus cargos, responderá siempre de los actos que practique y que supongan un delito.

 

En el Código de Sociedades Mercantiles


El Código de Sociedades Mercantiles prevé especialmente varios tipos de delitos relacionados con la actuación de los órganos de administración de sociedades mercantiles, que van desde la falta de cobro de aportes de capital, hasta infracciones relativas a la amortización de acciones o cuotas, pasando por la distribución ilícita de bienes de la sociedad, o la violación del deber de proponer una reducción de capital.
Estos delitos pueden implicar directamente una situación de insolvencia de la sociedad mercantil, provocando o contribuyendo a la disminución del patrimonio de la sociedad, por lo que deben ser reprimidos jurídicamente.
Las penas para estos delitos son esencialmente de multa; para la violación del deber de proponer una reducción de capital, se establecerá una pena de prisión de hasta 3 años.

 

En el Código de Insolvencia


Durante el proceso de insolvencia, el tribunal puede tener indicios de la práctica de delitos tipificados en el Código Penal (CP) por parte de los administradores o gerentes de la sociedad insolvente.


En este caso, el juez debe dar parte de la ocurrencia de dichos hechos al Ministerio Público, para que esta entidad proceda a las medidas de investigación necesarias para el ejercicio de la respectiva acción penal.


No obstante, hay que recalcar que los efectos de la calificación de la insolvencia como culposa se restringen al propio proceso de insolvencia, en el que la culpa y la respectiva responsabilidad personal (civil o penal) deberá ser determinada en los respectivos procedimientos. 
Las actuaciones de los administradores que provoquen el fracaso empresarial y la consecuente insolvencia de la sociedad no son tenidas en cuenta a efectos penales.

 

En el Código Penal


Los delitos previstos en el Código Penal en caso de insolvencia son aplicables a actuaciones tanto de administradores de derecho como de hecho.

Insolvencia punible


Este delito está sancionado con una pena de prisión de hasta 5 años o con una pena de multa de hasta 600 días.



Insolvencia negligente


La pena establecida es de prisión de hasta 1 o una pena de multa de hasta 120 días.



Abuso de confianza


Si el objeto de la actuación delictiva es:


  • De valor elevado, el autor será sancionado con una pena de prisión de hasta 5 años o con una pena de multa de hasta 600 días;

  • De valor considerablemente elevado, el autor será sancionado con una pena de prisión de 1 a 8 años.

Si el autor recibió el bien en depósito impuesto por ley como consecuencia de un oficio, empleo o profesión, o en calidad de tutor, conservador o depositario judicial, será sancionado con una pena de prisión de 1 a 8 años.

Estafa


Este delito está sancionado con una pena de prisión de hasta 3 años o con una pena de multa.



Estafa cualificada


Quien cometa el delito anterior será sancionado, si el perjuicio patrimonial es de valor elevado, con una pena de prisión de hasta 5 años o con una pena de multa de hasta 600 días.


La pena será la de prisión de 2 a 8 años si:


  • El perjuicio patrimonial es de valor considerablemente elevado;
  • El autor convirtió la estafa en su modo de vida;

  • El autor se aprovecha de la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, a causa de edad, discapacidad o enfermedad;

  • La persona perjudicada se vea envuelta en una difícil situación económica.


Deslealtad


Quien, habiéndole sido confiado, por ley o por acto jurídico, el encargo de disponer de intereses patrimoniales ajenos o de administrarlos o supervisarlos, cause a esos intereses, intencionalmente y con grave violación de los deberes impuestos, perjuicio patrimonial importante será sancionado con una pena de prisión de hasta 3 años o con una pena de multa.



Desfalco


Será sancionado con pena de prisión de hasta 3 años o pena de multa el administrador o gerente que destruya, dañe, haga desaparecer, oculte o niegue parte del patrimonio de la sociedad, tras pronunciamiento de sentencia condenatoria factible.



Favorecimiento de acreedores


Este delito está sancionado con una pena de prisión de hasta 2 años o con una pena de multa de hasta 240 días.

Las penas pueden prolongarse un tercio, en sus límites mínimo y máximo, cuando como consecuencia de dichas actuaciones resulten desfalcos de naturaleza laboral, en caso de procedimiento ejecutivo o proceso especial de insolvencia. De hecho, la naturaleza laboral de las deudas de la sociedad justifica una mayor protección. 


Responsabilidad fiscal


Responsabilidad civil fiscal


Los administradores, directores y gerentes y otras personas que ejerzan, aunque solamente sea de hecho, funciones de administración o gestión en personas jurídicas y entes fiscalmente equiparados son subsidiariamente responsables en relación a estas y solidariamente entre sí:

  • De las deudas fiscales cuyo hecho constitutivo se haya registrado en el periodo de ejercicio de su cargo o cuyo plazo legal de pago o entrega haya terminado después de este, cuando, en cualquiera de los casos, y debido a sus actos, el patrimonio de la persona jurídica o ente fiscalmente equiparado se haya vuelto insuficiente para su satisfacción;
  • De las deudas fiscales cuyo plazo legal de pago o entrega haya terminado en el periodo del ejercicio de su cargo, cuando no prueben que no les es imputable la falta de pago;
  • De las multas aplicadas a infracciones por hechos cometidos en el periodo del ejercicio de su cargo o por hechos anteriores cuando, debido a sus actos, el patrimonio de la sociedad o persona jurídica se haya vuelto insuficiente para su pago;
  • De las multas debidas por hechos anteriores cuando la decisión definitiva que las aplique sea notificada durante el periodo del ejercicio de su cargo y les sea imputable la falta de pago.

Ejemplos:

  • Destrucción u ocultamiento del patrimonio social;
  • Utilización de la sociedad y de su patrimonio en provecho personal o de terceros con perjuicio para esta;
  • Celebración de negocios ruinosos, falta de diligencia en el cobro de créditos, etc.;
  • Continuación, en su interés personal o de terceros, de una explotación deficitaria, a pesar de saber o deber saber que esta conduciría con gran probabilidad a una situación de insolvencia.

Responsabilidad penal fiscal


Abuso de confianza
Quien no entregue a la administración tributaria, total o parcialmente, la prestación tributaria conforme a lo estipulado por la ley y que estaba legalmente obligado a entregar, será sancionado con pena de prisión de hasta 3 años o multa de hasta 360 días. (…) 
Los hechos descritos en los números anteriores solo serán sancionables si:

  • Han transcurrido más de 90 días desde el fin del plazo legal de entrega de la prestación tributaria;
  • La prestación notificada a la administración tributaria a través de la correspondiente declaración no ha sido pagada, más los intereses respectivos y el importe de la multa aplicable, en el plazo de 30 días tras la notificación. (…)

En los casos previstos en los números anteriores, cuando la entrega no realizada sea superior a 50.000 €, la pena será de prisión de 1 a 5 años y la multa oscilará entre los 240 y los 1200 días para las personas jurídicas.

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