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Al igual que cualquier otra sociedad portuguesa, una sociedad con domicilio social efectivo en Madeira puede trasladarla a otro país, si así lo permite la legislación de dicho país. En tal caso, la empresa conservará su personalidad jurídica. Aun así, esta empresa debe adaptar a la ley portuguesa el respectivo contrato social.

 

Documentos para la redomiciliación de una empresa en Madeira

Para la redomiciliación de una empresa en Madeira, son necesarios los siguientes documentos:

  1. Copia certificada de la ley del respectivo país que prevea la posibilidad de redomiciliación de empresas;
  2. Copia certificada del contrato social de la empresa;
  3. Certificado de registro de la empresa;
  4. Copia certificada del acuerdo de los socios que se va a aprobar:
    1. el cambio de la sede efectiva a Madeira;

    2. el nuevo contrato social adaptado a la ley portuguesa;
    3. la designación de nuevos gerentes/administradores.

Todos estos documentos deberán ser legalizados con la Apostilla de la Convención de la Haya.

Antes de preparar esta documentación, se recomienda informarse en las autoridades portuguesas sobre el nombre de la empresa que va a ser redomiciliada. Si el nombre no es aprobado en Portugal, el acuerdo anteriormente mencionado también deberá contener la aprobación del nombre que se va a adoptar en Portugal.

Procedimientos necesarios para completar la redomiciliación:

 

Consecuencias Fiscales

Como regla, los impuestos de salida tienen por fin gravar las ganancias potenciales relacionadas con los elementos patrimoniales en manos del contribuyente en el momento en que decide cambiar su residencia a otro estado. Dado que el cambio de residencia determina la exención del pago de impuestos para ese contribuyente en el estado de residencia anterior, el fin de estas normas es: (i) proteger el derecho del estado de residencia en relación a los ingresos generados dentro de su territorio y (ii) trabajar como cláusula antielusiva con la que evitar regímenes fiscales en los que el contribuyente, antes de obtener ganancias significativas, cambia su residencia a un país con una menor carga impositiva.

Estas normas establecen que, a fin de determinar los beneficios susceptibles de ser gravados en el periodo en el que el contribuyente (con sede y gestión efectiva en el territorio portugués) ha detenido sus actividades o mudado su sede o centro efectivo de gestión a otro estado, los componentes positivos o negativos que se tendrán en cuenta deberán corresponder a la diferencia entre el valor de mercado de los activos y pasivos y a su valor impositivo.

Para poder aplicar estos impuestos de salida a una empresa, su sede y gestión efectiva debe estar adscrita al territorio portugués. Recuerde que, a este respecto, nuestra legislación fiscal no impone un periodo de estancia mínimo en Portugal y que el hecho impositivo correspondiente es el cambio de residencia. Este cambio de residencia debe implicar tanto la mudanza de la sede como del centro de gestión efectiva.

Actualmente, estas reglas establecen que los cambios de residencia a otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (siempre y cuando, en este último caso, se haya llegado a un acuerdo de intercambio de información), podrían ser susceptibles de la aplicación de normas de impuestos diferidos.

Los impuestos de salida podrían pagarse:

  1. de inmediato, lo que incluye la totalidad del impuesto de sociedades debido a la fecha de salida;
  2. durante el año siguiente a la venta, desgravación o separación de la actividad empresarial del activo que sale de Portugal, siempre que dicha venta se realice a un país no perteneciente a la EU o EEE (en este último caso, siempre que haya un convenio de intercambio de información con Portugal);
  3. anualmente, más de una quinta parte del importe total de los impuestos debidos.

Una vez realizado el cambio de residencia, el contribuyente deberá elegir entre una de las opciones que se acaban de presentar. No obstante, deben tenerse en cuenta las siguientes repercusiones fiscales:

  • El pago de impuestos diferidos conlleva intereses de mora (la tasa de interés de mora anual actual es de 5,476%);
  • En determinadas circunstancias, la posibilidad de pagar en diferidos los impuestos de salida está sujeta a la prestación de garantía correspondiente al importe de los impuestos debidos más el 25%;
  • En caso de que el contribuyente elija pagar sus impuestos en diferido en el momento en que se obtienen ganancias provenientes de la venta de activos, este debe realizar una declaración de la renta anual de forma continuada, ya que en caso de no cumplir con este requisito podría tener que abonar los impuestos debidos;
  • En caso de que el contribuyente opte por la opción (3) deberá pagar los impuestos: a) correspondientes a la primera 1/5 parte una vez realizada la declaración de la renta para el periodo en el que se detuvo la actividad o en el que se tuvo lugar la mudanza, y b) la 1/5 parte correspondiente con carácter anual hasta el último día del mes de mayo (los intereses de mora debidos se sumarán al importe de los impuestos). En caso de no cumplir con alguno de estos pagos, esto determinaría el vencimiento del total de impuestos debidos.
  • En caso de haber elegido la opción (2) o (3), si el contribuyente decide cambiar su residencia a partir de ese momento a un estado no miembro de la UE o del EEE, este debe abonar la totalidad de los impuestos debidos en ese momento.

El cambio de residencia implica el fin de las actividades a efectos del impuesto de sociedades y de balance de ganancias y pérdidas que se determina por la diferencia entre el valor de mercado y el valor de los impuestos de los activos y pasivos. Todos los activos y pasivos, incluido el inmovilizado material, los activos inmateriales, activos biológicos no consumibles, propiedades de inversión, instrumentos financieros salvo aquellos reconocidos por su justo valor, y todos los demás activos que posea la empresa o que formen parte de su inventario.

Las ganancias obtenidas conforme a estas normas de impuestos de salida deberían determinarse conjuntamente con las establecidas en el caso de transferencias de activos onerosos, es decir, debería tenerse en cuenta el coeficiente de devaluación de la divisa, así como cualquier otra amortización o depreciación.

Por lo general, el cambio de residencia no debería implicar el pago de impuestos para los accionistas respectivos.

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