NEWCO es una ventanilla única especializada en la operacionalización de inversiones extranjeras en Portugal y Malta.
Tratados bilaterales de inversión: ¿para qué sirven? El ejemplo portugués
Un acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones (comúnmente llamado tratado bilateral de inversiones) es, esencialmente, un pacto que define los términos y condiciones de la inversión extranjera directa entre dos países.
Portugal cuenta con una amplia red de acuerdos bilaterales de promoción y protección de las inversiones, la mayoría de los cuales se celebran con países que no son miembros de la Unión Europea.
Dentro de esta red, destacan los acuerdos con varios países latinoamericanos (Venezuela, Argentina, Perú), países africanos de habla portuguesa (Angola, Cabo Verde, Mozambique y Guinea-Bissau) y China.
¿Para qué sirven los tratados bilaterales de inversión?
Por regla general, estos acuerdos tienen como objetivo
- Crear condiciones favorables para las inversiones y conceder un trato no discriminatorio y equitativo;
- Prohibir las medidas arbitrarias;
- Garantizar que las inversiones no serán nacionalizadas, expropiadas o sometidas a medidas equivalentes, salvo por razones de interés público y previo pago de una indemnización adecuada y efectiva y, aun así, sobre una base no discriminatoria y de acuerdo con los procedimientos legales;
- Enmendar las pérdidas causadas a las inversiones debido a guerras, conflictos armados o situaciones similares;
- Garantizar la libre transferencia de las cantidades relacionadas con las inversiones tras el cumplimiento de las obligaciones fiscales;
- Prever mecanismos de resolución de litigios entre el inversor y el Estado donde se realiza la inversión, concretamente a través de un arbitraje y con carácter vinculante a sus decisiones.
Dado el riesgo que entrañan ciertas inversiones en el extranjero, la validez de estos acuerdos es de especial relevancia para los inversores que invierten en estas jurisdicciones a través de una empresa constituida en Portugal, garantizándoles una mayor protección jurídica.
Así, la red portuguesa de acuerdos proporciona un marco sólido de derechos fundamentales a lo largo del proceso de inversión.