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Madeira

Disolución y liquidación de la sociedad

Para extinguir una sociedad debe seguirse una secuencia de actos/hechos jurídicos:

Disolución

La disolución es el acto a través del cual la sociedad decide o reconoce que la sociedad deberá dejar de existir.

Causas de disolución

Las causas de disolución pueden ser:

  • Causas de disolución inmediata

La disolución es inmediata si tiene lugar uno de los siguientes hechos:

a) Finalización del plazo establecido en los estatutos. Por defecto, una sociedad dura por tiempo indeterminado, aunque los socios puedan establecer en los estatutos su duración. De cualquier forma, una vez terminado el plazo, los socios pueden determinar la ampliación o eliminación del plazo, antes de que este expire, o incluso decidir hacer retomar la actividad a una sociedad en proceso de liquidación.

b) Acuerdo de los socios. En las sociedades limitadas, el acuerdo de disolución de la sociedad debe ser tomado por mayoría de tres cuartas partes de los votos correspondientes al capital social, a no ser que los estatutos exijan una mayoría más elevada u otros requisitos.

c) Realización completa del objeto contractual. Si el objeto de la sociedad se encuentra totalmente realizado, la sociedad deja de tener razón de existir.

d) Ilicitud surgida del objeto contractual. La ilicitud debe ser comprobada en relación a la totalidad del objeto social.

e) Declaración de insolvencia de la sociedad. Decidida judicialmente la insolvencia, la sociedad deberá disolverse y entrar en proceso de liquidación para satisfacer, en la medida de lo posible, a sus acreedores sociales.

f) Otros hechos previstos en los estatutos. Los estatutos pueden prever otros hechos para la disolución inmediata.

En el caso de la disolución inmediata prevista en los párrafos a), c) y d) anteriores, los socios podrán acordar, por mayoría simple, el reconocimiento de la disolución, así como cualquier socio, sucesor del socio o acreedor de la sociedad, podrá promover la justificación notarial de la disolución o el procedimiento simplificado de justificación.

  • Causas de disolución administrativa

La disolución administrativa de la sociedad puede ser requerida con fundamento en un hecho previsto por la ley, y también:

a) Cuando, durante un período superior a un año, el número de socios sea inferior al mínimo exigido por la ley, excepto si uno de los socios es una persona jurídica pública o entidad a él equiparada por ley a tal efecto. Los socios pueden solicitar que se les conceda un plazo razonable a fin de regularizar su situación, durante el cual se suspenderá la disolución de la sociedad.

b) Cuando la actividad que constituye el objeto contractual se haga imposible.

c) Cuando la sociedad no haya ejercido ninguna actividad durante dos años consecutivos.

d) Cuando la sociedad ejerza, de hecho, una actividad no comprendida en el objeto contractual. La disolución no será ordenada si, en espera de la acción, la irregularidad es subsanada.

e) Cuando una persona física sea socia de más de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.

f) Cuando la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada tenga como socio a otra sociedad unipersonal de responsabilidad limitada.

g) Otros hechos previstos en los estatutos.

En estos casos, los socios, por mayoría absoluta de los votos emitidos en la junta, podrán disolver la sociedad, a partir del hecho ocurrido.

La disolución administrativa puede ser solicitada por la sociedad, por sus socios, y sus respectivos sucesores y acreedores, mediante presentación de una solicitud en el registro mercantil competente.

  • Causas de disolución oficiosa

El servicio de registro competente deberá instaurar oficiosamente el procedimiento administrativo de disolución, en caso de que no haya sido iniciado todavía por los interesados, cuando:

a) Durante dos años consecutivos, la sociedad no haya procedido al depósito de los documentos de rendición de cuentas y la administración tributaria haya comunicado al servicio de registro competente la omisión de entrega de la declaración fiscal de rentas para dicho período.

b) La administración tributaria haya comunicado al servicio de registro competente la ausencia de actividad efectiva de la sociedad, comprobada en los términos previstos en la normativa fiscal.

c) La administración tributaria haya comunicado al servicio de registro competente la declaración oficiosa del cese de actividad de la sociedad, en los términos previstos en la normativa fiscal.

Forma de disolución

En general, la disolución de la sociedad que haya sido acordada en asamblea general no depende de forma especial. La administración de la sociedad o los liquidadores deben solicitar la inscripción de la disolución en el servicio de registro y cualquier socio tendrá ese derecho, a expensas de la sociedad.

Liquidación

Al final de la disolución, la sociedad entra inmediatamente en liquidación, que tiene por objeto la finalización de negocios pendientes, el pago de deudas, el cobro de deudores y el reparto del resultado de la liquidación a los socios.

Por norma, la sociedad en liquidación mantiene la personalidad jurídica y, excepto si hubiera otra disposición de ley o recogida en la modalidad de la liquidación, siguen siendo aplicables, con las necesarias adaptaciones, las disposiciones que rigen las sociedades no disueltas.

A partir de la disolución, a la denominación de la sociedad debe añadirse la mención "Sociedad en liquidación" o "en liquidación" y deben designarse los liquidadores.

La liquidación puede seguir una de las siguientes modalidades:

  • Reparto inmediato

Si no existen deudas en la fecha de disolución, o si estas son solo de naturaleza fiscal (siempre que no sean exigibles en la fecha de la disolución), los socios pueden pasar inmediatamente al reparto.

Las deudas de naturaleza fiscal todavía no exigibles en la fecha de la disolución no impiden el reparto inmediato, pero por esas deudas son responsables ilimitada y solidariamente todos los socios.

La ley prevé un procedimiento especial de extinción inmediata de la sociedad que comprende la disolución y liquidación de la sociedad que no tiene activos o pasivos por liquidar siempre que haya sido decidido por unanimidad.

  • Transmisión global

Si los estatutos o una decisión de la sociedad lo permite, y existiendo consentimiento escrito por parte de todos los acreedores sociales, la liquidación podrá convertirse en una mera transmisión de todo el patrimonio activo y pasivo de la sociedad a algún(os) socio(s), satisfaciendo a los demás en efectivo.

Las deudas de naturaleza fiscal todavía no exigibles en la fecha de la disolución no impiden la transmisión global, pero por esas deudas son responsables ilimitada y solidariamente todos los socios.

  • Liquidación extrajudicial

Proceso de liquidación que deberá seguir las reglas establecidas en los arts. 149 y siguientes del Código de las Sociedades Mercantiles, así como las normas previstas en los estatutos.

  • Liquidación administrativa

El procedimiento administrativo de liquidación se inicia automáticamente al final del proceso de disolución por vía administrativa o a través de presentación de solicitud de la sociedad, de sus socios, respectivos sucesores o acreedores, siempre que la ley contemple que la liquidación deba realizarse por vía administrativa. El procedimiento administrativo de liquidación puede ser iniciado oficiosamente por el registrador, mediante auto que especifique las circunstancias justificativas y determinantes del inicio del procedimiento y en el cual designe a uno o más liquidadores, o cuando:

– la disolución haya sido realizada en procedimiento oficioso;

– se compruebe que han finalizado los plazos previstos para el periodo de liquidación, sin que haya sido solicitado el respectivo registro de cierre.

  • Liquidación judicial

Debe también observar los trámites del procedimiento especial regulado en los arts. 1122 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Operaciones preliminares de la liquidación

En un plazo de 60 días, la administración debe organizar y aprobar los documentos de rendición de cuentas de la sociedad comunicados en la fecha de la disolución. Si no lo hace, ese deber cabe a los liquidadores.

Duración

La liquidación debe haber concluido y el reparto haber sido aprobado en un plazo de dos años a partir de la fecha de la disolución de la sociedad. Este plazo puede prorrogarse en un máximo de un año y siempre a través de acuerdo social.

Puede acordarse un plazo inferior en los estatutos o mediante acuerdo social.

Si no se cumplen los plazos, el registro debe promover oficiosamente la liquidación por vía administrativa.

En caso de liquidación administrativa, el plazo establecido por el registrador no podrá ser superior a un año.

Liquidadores

Algunos aspectos relativos a los liquidadores, que son los responsables de la realización de la liquidación de la sociedad, aplicables a la liquidación no judicial:

  • Designación

Excepto recogido en una cláusula de los estatutos de la sociedad o acuerdo que diga lo contrario, los miembros de la administración de la sociedad pasan a ser liquidadores de esta a partir del momento en que se considere disuelta.

Los socios pueden designar nuevos liquidadores, además de los ya existentes o en sustitución de estos.

No habiendo ningún liquidador, el consejo de supervisión, cualquier socio o acreedor de la sociedad pueden solicitar su nombramiento por vía administrativa al servicio de registro competente.

Una persona jurídica no puede ser nombrada liquidador, excepto las sociedades de abogados o de auditores de cuentas.

El nombramiento está sujeto a la inscripción en el registro mercantil.

  • Destitución

Los socios, mediante acuerdo, pueden destituir a otros liquidadores sin causa justificada en cualquier momento.

El consejo de supervisión, cualquier socio o acreedor de la sociedad puede solicitar la destitución de un liquidador, por vía administrativa, basándose en una causa justificada. El cese de funciones tendrá efecto a partir de su registro.

  • Remuneración de los liquidadores

Se establece mediante acuerdo de los socios y constituye un coste de liquidación. Cuando se realiza a través de un proceso de insolvencia o liquidación oficiosa, la remuneración es la prevista para los liquidadores y expertos nombrados judicialmente.

  • Funciones de los liquidadores

Los liquidadores deben:

- Resolver los negocios pendientes;
- Hacer cumplir las obligaciones de la sociedad;
- Cobrar créditos sociales;
- Pagar todas las deudas sociales que el activo social pueda soportar;
- Convertir en dinero el patrimonio restante;
- Proponer el reparto de los haberes sociales;
- Rendir cuentas de la liquidación en los tres primeros meses de cada año civil, adjuntando un informe de la misma;
- Hacer un cálculo aproximado de los costes de liquidación con vistas a excluirla del reparto;
- Entregar los bienes de acuerdo con el reparto aprobado;
- Solicitar el registro de cierre de la liquidación.

Mediante acuerdo social, el liquidador puede:

- Hacer un seguimiento temporal de la actividad anterior de la sociedad;
- Contraer préstamos necesarios para la realización de la liquidación;
- Proceder a la enajenación en bloque del patrimonio social;
- Realizar el traspaso del establecimiento de la sociedad.

Sin perjuicio de cláusula estatutaria o acuerdo que diga contrario, habiendo más de un liquidador, cada uno tendrá poderes iguales e independientes para los actos de liquidación, excepto para los de enajenación de bienes de la sociedad, para los cuales es necesaria la intervención de, al menos, dos liquidadores.

En general, las funciones de los liquidadores terminan con la extinción de la sociedad.

  • Responsabilidad de los liquidadores

Si los liquidadores, incurriendo en culpa, indican falsamente en los documentos que serán presentados ante la asamblea general que todos los derechos de los acreedores están satisfechos, responderán personalmente ante los acreedores cuyos derechos no hayan sido protegidos. Se benefician, sin embargo, del llamado derecho de recurso contra los antiguos socios, excepto si han actuado de mala fe.

Reparto del activo restante
El activo restante, después de satisfechos o protegidos los derechos de los acreedores de la sociedad, puede ser repartido en especie, si así está previsto en el contrato o si los socios unilateralmente lo deciden.

El activo restante se destina, en primer lugar, al reembolso del importe de las aportaciones efectivamente desembolsadas; si ese importe es la fracción de capital correspondiente a cada socio, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos para el caso de que los bienes con los que el socio realizó la aportación tengan un valor superior a dicha fracción nominal.

Si no puede hacerse un reembolso íntegro, el activo existente se distribuye entre los socios, a fin de que la diferencia para menos recaiga en cada uno de ellos en la proporción de la parte que les concierna de las pérdidas de la sociedad.

Si después de realizado el reembolso íntegro se registra un excedente, este debe ser repartido en la proporción aplicable a la distribución de beneficios.

Cuentas finales, informe y acuerdo de los socios
A las cuentas que deben presentar los liquidadores debe sumarse un proyecto de reparto del activo restante y un informe, en el que debe recogerse mención expresa de que se encuentran satisfechos y protegidos todos los derechos de los acreedores y que los documentos y recibos probatorios pueden ser evaluados por los socios.

Finalmente, se remite lo anteriormente expuesto para deliberación de los socios.

Entrega de los bienes repartidos
Después de que los socios hayan llegado a un acuerdo, y de conformidad con este, los liquidadores procederán a la entrega de los bienes que, mediante el reparto, tocan a cada uno; los liquidadores deben ejecutar las formalidades necesarias para la transmisión de los bienes asignados a los socios, cuando dichas formalidades sean exigidas.

Cierre de la liquidación
Los liquidadores deben solicitar el registro del cierre de la liquidación.

La sociedad se considera extinguida, incluso entre los socios, mediante el registro del cierre de la liquidación.

Una vez cerrada la liquidación y extinguida la sociedad, los antiguos socios responderán por el pasivo social no satisfecho o protegido, hasta el importe que recibieron en el reparto.

Si, después de cerrada la liquidación y extinguida la sociedad, se comprueba la existencia de bienes no repartidos, los liquidadores deberán proponer el reparto adicional entre los antiguos socios, transformado los bienes en dinero, si no se acuerda unánimemente el reparto en especie.

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